La Alternativa Peronista para la Liberación dio a conocer un documento en conmemoración del aniversario del fallecimiento de la abanderada de los humildes, relacionándolo con el conflicto nacional desatado por las retenciones móviles.

Con un título que expresa el sentimiento que anida en el corazón de la militancia del peronismo, los integrantes de la mesa ejecutiva de la agrupación Alternativa Peronista para la Liberación reflexionaron sobre los últimos acontecimientos, como manera de celebrar “activamente” un aniversario más del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. El documento se inicia con una frase de Evita que ha quedado en la memoria colectiva: “Aunque deje jirones de mi vida, se que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”  Seguidamente expresan: “Ante la victoria y ante la derrota, los peronistas primero, afirmamos nuestras profundas convicciones, y después analizamos los hechos con detenimiento, viendo las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas; para seguir aportando al proyecto nacional y popular de liberación. 

La derrota en el senado puso blanco sobre negro. Antes que cante el gallo, unos optaron por borrarse, otros por darse vuelta, y los pequeños y medianos productores, junto al pueblo en general, quedaron crucificados por la complicidad de quienes se lavaron las manos, quienes repitieron a coro las consignas de los profesionales en medios de comunicación de masas, y posibilitaron la  liberación de Barrabás.

Hoy nadie puede dudar que en el Senado ganó el modelo propuesto por la Sociedad Rural Argentina. No el de la Federación Agraria, ni menos el del Frente Nacional Campesino. Esa misma SRA que fuera cerebro y sostén del Proceso de Reorganización Nacional. Los grandes exportadores, con un gobierno popular podrán seguir haciendo grandes negocios con el subsidio  y el sacrificio de todos los argentinos a los que se les sigue “reteniendo” y “confiscando” un futuro de grandeza y felicidad.

La gran corporación patronal agraria volvió a demostrar que tiene fuerza para torcerle el brazo al proyecto nacional y popular de liberación, sin la brutalidad de la picana, y los vuelos de la muerte,  ni la grosera impunidad de la “Banelco” ni de las mayorías automáticas de los cuerpos colegiados venales. Hoy tuvo consenso. Esta es la gran diferencia.

La corporación patronal agraria convocante de la unión democrática del 46,  que en el 55 derroca a Perón, hoy utilizó argumentos muy similares para  soliviantar a la opinión pública, contra la conducción nacional actual acusándola de pecados tales como la demagogia (hoy, clientelismo), totalitarismo (hoy, soberbia y autoritarismo) y falta de institucionalidad. Y si bien la gestión de la revolución fusiladora, la del proceso, del menemismo y el delaruismo no fueron precisamente ejemplo de democracia, pluralidad ni respeto por la división de poderes, también es cierto que estas lacras de la democracia hoy existen, no pueden ser sostén de un proyecto liberador, y la sociedad las rechaza.

Como también es cierto que esta endeble democracia siente la ausencia de 30.000 dirigentes que podrían robustecer el campo nacional y popular. Su desaparición, planificada por quienes fogonearon este conflicto,  provocó debilidades estructurales de las que se siguen aprovechando para mantener sus privilegios.

Frente a este revés legislativo, la prensa aliada al modelo agroexportador salió a demonizar al conductor de este proceso de crecimiento sostenido por varios años. Y es precisamente hoy, cuando se demoniza al que durante el conflicto dio la cara, al que tuvo capacidad de autocrítica frente a los errores (como en el caso de la reelección indefinida en Misiones), al que sostuvo al gobierno en todo momento, al que jugó todo su prestigio político, al que respondía con la otra mejilla ante la criminalidad de la leche derramada, los cortes de ruta, los incendios intencionales, etc.,  al que anunció que se respetaría la decisión del Congreso, al que posibilitó que en las sucesivas negociaciones se concedieran beneficios para pequeños y medianos productores, al que se puso al frente del partido Justicialista para transformarlo en herramienta para el campo nacional y popular…hoy, desde Formosa, los militantes de Alternativa Peronista para la Liberación, queremos testimoniar nuestro apoyo a su gestión como conductor del peronismo, y expresarle nuestra solidaridad en estos momentos de turbulencia política..

Creemos que se dan las condiciones  para afianzar tanto los lineamientos internos del peronismo en una urgente actualización político doctrinaria desde la militancia para su revitalización, la formación de dirigentes y el protagonismo juvenil,  tal como se hubo planteado  antes de estallar el conflicto. Como también es oportuna una revisión de la concertación plural. Necesitamos que nuestros futuros representantes sean compañeros que tengan el temple de nuestro conductor,  que se jueguen y no que especulen. Y nuestras alianzas sean orgánicas y no a título personal, sustentadas también en historias de lucha y no solo en conveniencias electorales coyunturales.

Desde esta perspectiva peronista militante, con el fervor solidario de la abanderada de los humildes, que sabe de resistencias, de decir lo que el establishment no quiere oír,  de proponer necesarias autocríticas, de curar los males de la democracia con más democracia, volvemos a dar con mayor fuerza nuestro grito de corazón: ¡Viva Evita! ¡Viva Perón! y ¡viva Kirchner!” concluye el documento suscripto por todos los integrantes de la mesa ejecutiva de la agrupación.

Foto Gentileza Ricardo Oscar Romano

Se reunieron los referentes de distintos asentamientos, con historia de marginación, luchas y represión, para coordinar la presentación de relevamientos,  propuestas de control y de autoconstrucción como respuesta a una invitación oficial a una audiencia para mañana.

Se realizó una reunión  de la comisión de “Los sin techo” en el domicilio de Cristian Martínez ubicado en el corazón del Circuito 5. Estuvieron presentes, Gladis Ruiz Díaz  del asentamiento El Mirador; Simón Pérez del asentamiento San Isidro; Lucio Barrios referente de la pastoral social de la parroquia La Esperanza del barrio Juan Domingo Perón; y Carmen Franco del grupo Demanda Libre que reúne a familias de escasos recursos, de distintos barrios, que no tienen vivienda propia.

ANTECEDENTES

Como ellos mismos lo explican a el DIARIO de la Región, este nucleamiento de vecinos sin vivienda propia organizados para conseguir un  techo, comenzó en el año 2003. Y tuvo distintas épocas y distintas respuestas. Al principio se lograron unas 350 viviendas y luego otras 80. Pero la demanda aumenta, como aumenta el crecimiento poblacional de la provincia. Y los lugares de los asentamientos que dejaron las familias adjudicadas, fueron ocupados por otras familias  jóvenes o provenientes del interior. Así es como en el asentamiento de San Isidro, antes del 2007 había unas 80 familias y hoy ya cuentan más de 350. Y en El Porvenir, ya se duplicaron las 70 familias iniciales. Las condiciones habitacionales de estos asentamientos, de acuerdo a los integrantes de esta Comisión, son pésimas. Situación que se agrava con el aumento progresivo del hacinamiento. En el 2007 los del asentamiento El Mirador se instalaron en una carpa frente al IPV y no tuvieron una respuesta favorable, al contrario, la respuesta oficial fue muy violenta. “Nos sacaron a los garrotazos” señala  uno de los integrantes de la reunión.  

Hace poco tiempo atrás, después de varios meses sin adjudicaciones,  se volvieron a entregar viviendas, pero, según los miembros de esta Comisión,  “no fueron beneficiados los pobladores de los asentamientos”. “Nosotros íbamos a ir al acto para que se escuchen nuestros reclamos ante el propio gobernador”, afirmaron. Ahí fue que surge esta posibilidad, o este canal de diálogo con el gobierno para ir respondiendo a las demandas habitacionales de los más necesitados. “Fuimos al acto y hablamos con las autoridades en donde se concertó esta reunión que hoy estamos preparando”.

PROPUESTA

Sintéticamente la Comisión llevará los relevamientos de cada asentamiento, para la adjudicación de viviendas; y el pedido de control social en la metodología de adjudicación. Solicitan  que se fijen con claridad las prioridades por menor nivel de ingresos, cantidad de hijos,  hijos discapacitados, etc. Que la adjudicación sea pública y transparente, en la cual se puedan realizar observaciones. Este planteo surge por la indignación que produce ver acomodos y no poder hacer nada al respecto.  

La idea es comenzar de esta manera con unas 300 viviendas que ya están terminadas en el Circuito 5, próximas a adjudicar.

Por su parte el asentamiento San Isidro plantea utilizar el sistema de autoconstrucción en el mismo lugar donde están ubicados,  ya que el terreno es propiedad municipal. Y la municipalidad, según los vecinos  “siempre cedió terrenos fiscales donde la gente ya estaba instalada”. Además, afirman que la mayoría de la gente del asentamiento está inscripta para la adjudicación de viviendas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda. 

Para los miembros de la Comisión hay esperanzas en que  esta modalidad de diálogo y organización vecinal que se inicia en esta etapa “post Borrini” (en referencia al ex ministro de Gobierno responsable de la modalidad represiva ante los reclamos) tenga frutos positivos  para no volver a reeditar situaciones tan violentas como las sufridas en la carpa frente al IPV.

DR. CARLOS ALBERTO ROBLE

De la Rúa pensó en cerrar los canales de TV

La decisión ya estaba tomada. El gobierno de Fernando de la Rúa ya había decidido cerrar los canales de televisión para evitar que los saqueos y la represión policial se colaran en las pantallas de los hogares.

Con la excusa del estado de sitio estaban dispuestos a ordenar una programación "de emergencia", que no difundiera imágenes de violencia.

Pero el titular del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gustavo López, evitó la medida. "No voy a pasar a la historia como el sucesor de Perón, que cerró La Prensa, o como Galtieri. Y espero que el Presidente tampoco", le advirtió ayer López al secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, cuando fue a presentarle su renuncia y la de sus colaboradores.

"¿Qué queres que haga? Me están presionando, me están volviendo loco", le respondió Gallo, que tenía a su cargo la comunicación del Gobierno. Según fuentes cercanas a López, Gallo se refería al ministro del Interior, Ramón Mestre, y al ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Y aunque no se lo dijo a López, Gallo parecía compartir esa idea. Ayer, el funcionario dijo a LA NACIÓN que los medios periodísticos tienen parte de la responsabilidad de lo que sucedió. La víspera, el propio Presidente había opinado ante los periodistas en su saludo de fin de año que "los medios exageran".

 
En rigor, el ex jefe de Estado siempre se sintió "agredido" por algunos medios, según contó un funcionario que habló con él de ese tema el viernes último. Su hermano, y ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, intentó hacerlo cambiar de idea. "Pero hace tiempo que prefiere escuchar a Santibañes (Fernando) o a Antonito (De la Rúa)", se quejó en la intimidad, fumando sin parar.

López ganó algo de tiempo cuando convenció a Gallo de que era mejor "invitar" a los canales de televisión a que también reflejaran "lo que estaba haciendo el Gobierno". Y enseguida llamó por teléfono al ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor, para preguntarle cuándo comenzaría el operativo de distribución de alimentos por un valor de 7 millones de pesos, que acababa de ordenar De la Rúa. "El decreto está. Lo que nunca me mandaron es la plata", le respondió.

En ese momento, López decidió que ya no había marcha atrás en su renuncia.

FUENTE: Contador Héctor Blas Trillo 

Dado que las multas son de naturaleza penal, la Corte Suprema ha establecido que no rige en este caso el denominado principio del solve et repete, es decir del pague y luego reclame la devolución. De modo que lo que cabe es aprovechar los distintos procedimientos de apelación para evitar que las multas queden firmes y no haya entonces más remedio que pagarlas. Ello, claro está, si creemos que nos asiste razón.

Las resoluciones administrativas que imponen multas pueden ser recurridas dentro de los 15 días hábiles administrativos de notificadas (art. 76 ley 11.683) mediante a) un recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó la resolución o b) un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal para montos superiores a $ 2.500.- Ambos recursos son excluyentes, es decir que hay que escoger uno de los dos.

En el caso del recurso de reconsideración, deberá presentarse el escrito ante la autoridad de aplicación o enviarlo por correo certificado con aviso de retorno. También deberá comunicarse a dicha autoridad en el caso de haber interpuesto el recurso ante el Tribunal Fiscal.

La reconsideración debe ser resuelta y comunicada al contribuyente por parte del juez administrativo en un plazo de 20 días hábiles administrativos con el detalle de los fundamentos (art. 100 de la ley citada).

La denegatoria de la reconsideración es factible de ser apelada ante el juez nacional respectivo, en el fuero Contencioso Administrativo. Existe un mínimo de $ 200.- para hacer viable esta apelación. El plazo es de 15 días hábiles administrativos desde la notificación de la resolución denegatoria del recurso de reconsideración.

El juez pedirá los antecedentes a la AFIP, que tiene a su vez 15 días para contestarle. Todo mediante oficio. Cuando el recurso es admitido corresponde correr traslado al Procurador Fiscal Nacional, o por cédula al representante legal de la AFIP para que conteste dentro de los 30 días y oponga las defensas y excepciones que pudiera tener, las que serán resueltas conjuntamente con las cuestiones de fondo en la sentencia definitiva.

A su vez la sentencia de primera instancia podrá ser apelada ente la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo en un plazo de 5 días siempre que el monto supere los $ 200.

El recurso ante el Tribunal Fiscal se interpondrá por escrito dentro de los 15 días de notificada la resolución administrativa, y comunicada a la AFIP. El apelante debe expresar todos sus agravios, oponer excepciones, ofrecer pruebas y acompañar el instrumental que hiciere a su derecho. Dentro de los 30 días se dará traslado del recurso a la AFIP para que conteste, oponga excepciones, acompañe el expediente administrativo y ofrezca prueba.

Una vez cumplida la etapa probatoria podrán efectuarse los alegatos de ambas partes y luego se dictará sentencia.

La sentencia podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo dentro de los 30 días de notificada.

Si no se interpusiera el recurso, la sentencia queda firme y deberá cumplirse dentro de los 15 días.

La Cámara resolverá el fondo de la cuestión teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre las cuestiones probadas.

En los casos de repetición de impuestos, las multas firmes pueden ser incluidas en el pedido de repetición, pero de manera proporcional al impuesto cuya repetición se persigue.